Esa regla, que será implementada a partir del 15 de octubre, negaría la entrada o la residencia permanente (green card) a inmigrantes basándose en si determinan si hay una alta probabilidad de que usen programas de asistencia pública como cupones de alimentos y Medicaid.
La propuesta de ley fue presentada por los senadores demócratas Mazie Hirono por Hawaii y Richard Blumenthal por Connecticut.
La llamada Ley de Protección de los Valores Estadounidenses pretende bloquear la aplicación de la nueva norma. “La verdadera intención de la regla de la carga pública es crear un clima de miedo entre las familias inmigrantes y tristemente está funcionando”, dijo Hirono durante una rueda de prensa en el Senado.
“Ninguno de nosotros estaría aquí si esta regla existiera cuando nacimos”, dijo Blumenthal al contar cómo su padre emigró a Estados Unidos.
Hasta ahora 27 son los senadores que apoyan el proyecto presentado por Hirono. Dicho proyecto tendrá dificultades para avanzar en el Senado que está controlado por los republicanos, que apoyan en gran medida las políticas de inmigración de la administración Trump.
A través de la nueva definición de la llamada carga pública, los programas federales como cupones de alimentos, asistencia para vivienda y Medicaid, serán un factor negativo en el momento de determinar si un inmigrante puede obtener una visa cuando aplica para ella en el extranjero o la residencia permanente ( green card) si ya está en el país.
Antes de la nueva norma, sólo las personas que recibían subsidios ofrecidos de manera directa en efectivo por parte del gobierno eran un problema de “carga pública”.
Hasta el momento los críticos de la norma han comentado que la política podría limitar de manera dramática el número de personas que utilizan los programas de la red de seguridad social al crear un efecto de enfriamiento que podría desalentar a los no ciudadanos y residentes permanente de renovar o solicitar los beneficios para los cuales han calificado.
La nueva regla de carga pública fue anunciada el lunes 12 de agosto por Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Desde el 27 de agosto, una coalición de cinco fiscales, liderada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, solicitó a un tribunal detener la aplicación de la “carga pública” mientras se resuelve una demanda contra la norma. Hasta el momento la regla ha sido impugnada por 16 fiscales generales de los estados. El lunes, una profesora mexicana y un estudiante hondureño presentaron una demanda ante un juez federal de Maryland en contra de la regla.